SINDICATO PROFESIONAL DE MÉDICOS DE LAS PALMAS

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Apr 05, 2017

250.000 maestros, médicos y enfermeros interinos pasarán a ser fijos

EL PAIS

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y los sindicatos firmaron ayer la mayor oferta pública de empleo de la democracia, con la que el 90% de los interinos conseguirán un contrato indefinido y que será especialmente importante en Sanidad y Educación. Sólo en estos dos ámbitos, y según los cálculos publicados por Función Pública y CCOO, se crearán entre 228.000 y 256.000 puestos fijos.

De esta manera, Sanidad y Educación acapararán más del 85% del total de las plazas fijas con las que se va a dotar este plan que, según explicó Montoro, rebajará al 8% la temporalidad en las Administraciones Públicas. El resto, según el detallado desglose realizado por CCOO, irán a Justicia, con 11.379 nuevos puestos fijos, Servicios Sociales (15.180 puestos), y Policía Local (1.000 puestos). A todas estas plazas todavía hay que sumar otras 15.000 que corresponden a diferentes ámbitos, con lo que el número total de afectados que estima el sindicato roza los 300.000.

Función Pública, por su parte, dio en un primer momento una cifra final similar a la de CCOO pero luego la rebajó hasta los 250.000, que es la misma que estimó la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CFSI). UGT, en cambio, calculó que podría llegar incluso hasta los 350.000 afectados. Esta disparidad de cifras se debe a que no se sabe con exactitud cuál es el número de interinos que hay en la Administración Pública y, en concreto, en los entes locales. Por ello, subrayan desde el Gobierno, lo que es totalmente seguro es que la interinidad se reducirá en un 90% y la tasa de temporalidad, como ya se ha señalado, se rebajará al 8% en un periodo de tres años. Para ello, detallan fuentes de Función Pública, se llevará a cabo un concurso para interinos en el que se valorarán diferentes aspectos y méritos.

De esta manera, el Ejecutivo responde al toque de atención que le dio Europa por el alto número de interinos que hay en España y, al mismo tiempo, atiende a parte de las exigencias de los sindicatos. Desde que el Partido Popular llegó al poder en 2011, no se había producido ningún tipo de negociación en este ámbito, y por ello la disconformidad y las quejas de los representantes sindicales eran cada vez mayores.

Los sindicatos, por su parte, consideran que la medida es una forma de presión para que las demás fuerzas políticas se vean obligadas a aprobar los Presupuestos pero, en todo caso, felicitaron a Montoro por su predisposición de negociar. También subrayaron la importancia de que se hayan ampliado los llamados sectores prioritarios, en los que la tasa de reposición de trabajadores jubilados es del 100% y hasta ahora estaba limitada a Sanidad, Educación y Justicia. En adelante también formarán parte de este grupo los servicios de atención de la ciudadanía -expedición de DNI, por ejemplo-, prestación directa de transporte público o seguridad y emergencias. En este contexto, la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2017 -que es un proceso paralelo al de la reducción de la interinidad- será de alrededor de 67.000 plazas, según las cifras de Función Pública.

En lo que no se mostraron tan positivos fue en la mejora salarial y, de hecho, ambas partes no llegaron a ningún acuerdo. El Gobierno no se movió del 1% de subida de sueldo que ya había ofrecido en las negociaciones previas, y los representantes sindicales la volvieron a rechazar porque consideran que provocará una nueva pérdida de poder adquisitivo.

Por lo tanto, lo previsible es que el Ejecutivo contemple una subida de ese 1% en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que se presentarán mañana. Esa mejora no sería una realidad hasta la aprobación de los PGE, algo que si se logra no será antes de junio o julio. En ese momento, la Administración abonaría una paga extraordinaria con lo que los funcionarios y trabajadores públicos han dejado de percibir en meses anteriores, y se incorporaría a las próximas mensualidades. Lo que sí ofreció Montoro es un plan multianual para que los funcionarios recuperen el poder adquisitivo perdido. El primer paso se abordaría en los Presupuestos de 2018, y la mejora se extendería también a 2019 y 2020.

Además, el ministro de Función Pública adelantó que mañana, al tiempo que se presentan los PGE, se articulará un decreto ley para facilitar la oferta de empleo público en los ámbitos más urgentes, como son la Educación o la plantilla de la Guardia Civil.

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